Comentario de Renegociar.Com
Con la concreción de este anuncia y la puesta en marcha de este registro de deudores, el Gobierno da un paso altamente riesgoso y perjudicial desde el punto de vista de la seguridad jurídica, valor cuya consagración definitiva, reclaman tanto los países desarrollados (G8), como Brasil y el FMI.

Esta iniciativa de carácter social y político tiene una buena intención de carácter humanitario, pero es en nuestra opinión errada en términos de crear un clima favorable a la reinstalación del flujo de inversiones y retorno de depósitos y créditos del sistema financiero.

Esto es así porque consagra una ingerencia estatal de posible carácter inconstitucional por afectar derechos adquiridos de los acreedores al tomar parte de un contrato del que nunca lo fue; concreta un trato desigual entre las víctimas de la crisis del Estado, entendiendo por tales a depositantes, deudores y bancos.

Perjudica aún más al sistema financiero, ya que indirectamente extiende la prórroga de las ejecuciones que viene manteniéndose desde principios del 2002.

Por otra parte politiza innecesariamente un tema que se estaba resolviendo, lentamente por cierto, en sede privada y judicial.

Si lo que pretende es subsidiar a los deudores, sería muy necesario que se ayude solamente a aquellos que han mantenido sus créditos al día y se han esforzado seriamente por hacerlo, así como aquellos que puedan comprobar sin lugar a dudas que su incumplimiento deviene de la pérdida de su empleo o de un grave deterioro del ingreso familiar. Muy por el contrario la ayuda debería canalizarse hacia los sectores económicamente más débiles y cuyas viviendas pueden calificarse como económicas.

En Renegociar pensamos que la constitución de un fideicomiso público administrado por el Banco de la Nación Argentina, debería hacerse cargo de refinanciar esos créditos en los plazos y con las tasas que el deudor pueda enfrentar. Ese fideicomiso securitizaría las hipotecas y contra ellas emitiría un bono en dólares al plazo promedio de recupero que entregaría a los bancos para que estos mejores su posición activa y por ende cu capacidad prestable. A medida que los deudores pagan, el fondo rescata los bonos en dólares. La diferencia de cambio sería soportada por el Estado causante de la crisis, siendo ese su aporte real a la solución del problema.